Internacional

La Constituyente desplaza al Congreso

19 de Agosto de 2017 09:19 /

La Asamblea Constituyente que rige a Vene­zuela con poderes absolutos acordó, por unanimidad, asumir competencias del Parlamento controlado por la oposición, que aseguró que desconocerá lo que denunció como su disolución impuesta por el presidente Ni­colás Maduro.

Reunida en sesión, la Constituyente decidió que le­gislará en las materias para “garantizar la preservación de la paz, la seguridad, la sobera­nía, el sistema socioeconómi­co y financiero, los bienes del Estado y la preeminencia de los derechos de los venezola­nos”, según el decreto.

La Asamblea Nacional (AN) aseveró en Twitter que Madu­ro busca anularla a través de la Asamblea Nacional Consti­tuyente (ANC), por lo que, dijo, no reconoce ni acatará esa decisión, que calificó como un “golpe de Estado”.

"La ANC es nula y sus actos ilegales e inconstitucionales. Decisión de anulación no será acatada por AN, comunidad in­ternacional o pueblo”, agregó el Congreso, que convocó a sus seguidores y a miembros diplo­máticos a una sesión.

La Asamblea Constituyente debe redactar una nueva Car­ta Magna, pero mandará en Venezuela por dos años como un “suprapoder”, rebasando el periodo de Maduro, que fina­liza en enero de 2019.

El decreto, que incluye la potestad de dictar leyes, fue tomado en una sesión a la que se negó a asistir la junta directiva del Congreso, que había sido citada por la pre­sidenta de la Constituyente, la excanciller Delcy Rodríguez.

"¡No vamos a permitir más desviaciones de poder! (...) ¡Llegó la Constituyente a poner orden!”, advirtió Rodríguez en tono enérgico, poco antes de la lectura del dictamen.

Rodríguez recordó que “todos los poderes públi­cos están subordinados” a la Constituyente, por lo que sus representantes, incluido Ma­duro, han comparecido ante ella desde que se instaló el 4 de agosto, excepto el Congreso.

En una carta abierta, la junta directiva parlamentaria había señalado que consideraba nulo los mandatos y todos los actos emanados de la Constituyente, elegida el 30 de julio entre de­nuncias de fraude y descono­cida por más de una docena de países latinoamericanos, EU, la Unión Europea, la ONU y la OEA.

Al considerar que la “diso­lución” del Parlamento es “ile­gítima e inconstitucional”, el secretario general de la Organi­zación de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pidió con urgencia una reunión especial del organismo.


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